Propone Martí Batres Ley para Proteger a Ciudadanos de Actos de Usura

* Plantea regular la figura del endeudamiento desmedido de personas y salvaguardar el patrimonio de las familias.

Con el objetivo de evitar que, en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, la ciudadanía sea víctima de abusos y el cobro de intereses desmedidos en préstamos o créditos contraídos entre particulares o con entidades no financieras, Martí Batres Guadarrama, senador de la República por la Ciudad de México, inscribió este medio día la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley  Federal para Prevenir y Sancionar los Actos de Usura”.

Previo a la pandemia fenómenos como la usura se manifestaron mediante créditos conocidos como “gota a gota”, dichos préstamos, de acuerdo a la Condusef se otorgaban con intereses entre el 10 y el 20 por ciento mensual o el 1 o 3 por ciento diario, porcentajes que con el tiempo convierten los adeudos impagables.

Por ello, la iniciativa de Batres Guadarrama plantea proteger a la ciudadanía del cobros de intereses desmedidos, al tiempo que regula la figura de sobreendeudaiento de personas a fin de evitar daños al patrimonio familiar, lo que beneficiaría principalmente a las clases populares, jubilados, personas en situación de desempleo o de empleo precario, discapacidad o apuro económico que acumulan facturas no abonadas en servicios básicos como la energía, agua, predio, telefonía, gas, seguros, retraso en el pago de la renta o cuota condominal.

Se trata, dijo, de impulsar el mercado formal de créditos y dotar a los órganos judiciales de parámetros objetivos para conocer los actos de usura y evitar cualquier contrato o acto jurídico que signifique la explotación de unas personas por otras, tal como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su Artículo 21.3 establece la obligación de los Estados miembros de proteger el derecho al patrimonio propio y combatir “tanto la usura como cualquier forma de explotación”.

La iniciativa establece criterios objetivos para determinar el sobrendeudamiento personal o familiar, un procedimiento ágil de mediación y, en su defecto, judicial, que proteja la dignidad y el patrimonio de las personas.

La propuesta pone a México a la par de las tendencias internacionales, dado que países como Chile, España, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, regulan los sistemas de endeudamiento del ciudadano de pie

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